Las rías gallegas, quizás el mayor patrimonio ecológico y económico de la comunidad, acumulan ocho años de retraso en algo tan elemental como el tratamiento de las aguas residuales de las poblaciones que se asientan en sus orillas. Además, algunos de los actuales planes de saneamiento que desarrollan tanto la Xunta como el Gobierno central tienen un horizonte de finalización entre el 2009 y el 2010, por lo que la situación actual se prolongará durante los próximos años.

La presión de la Unión Europea para que Galicia cumpla definitivamente la directiva marco sobre el agua es la mejor prueba de que en los foros comunitarios esta situación se considera anómala y anacrónica.

Pero la propia legislación española puso el 1 de enero de 1999 como fecha límite para que se trataran las aguas residuales urbanas en zonas sensibles. Así, el real decreto ley del 28 de diciembre de 1995 dejaba claro que las aglomeraciones urbanas que cuenten con más de 10.000 habitantes y que viertan aguas residuales en zonas sensibles deberán tener instalaciones adecuadas para el tratamiento de los residuos.

La Consellería de Medio Ambiente ha iniciado un plan de choque para solucionar la situación de al menos 18 poblaciones ribereñas con más de 2.000 habitantes que aún no tienen un sistema para el tratamiento de las aguas residuales. La intención es que Galicia pueda cumplir con la directiva marco europea entre el 2009 y el 2010.