El Concello de Gondomar recupera la finca de la que disponía hace tres años en el polígono 1, en la salida hacia A Ramallosa, para el patrimonio. Al menos, así lo establece una sentencia judicial que anula el acuerdo plenario del 17 de septiembre de 2004, por el que se efectuaba la permuta de dicho terreno por otro de menor tamaño en As Cercas y 300.000 euros con la empresa Promociones Colmeiro y Martínez. El fallo abre la polémica en el municipio, ya que esta compañía ha iniciado una promoción de viviendas en los 10.725 metros cuadrados intercambiados con el ayuntamiento. Las obras se encuentran avanzadas y el empresario puede recurrir la decisión judicial emitida por el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Vigo.

El juez considera "fraudulenta e incorrecta" la valoración económica de las fincas permutadas, como lo denunciaron los grupos municipales del PSOE, entonces liderado por el ahora independiente Manuel Núñez Sestelo, y del BNG, que ostenta el gobierno municipal en la actualidad. Ambos partidos consideraban injusto el precio calculado de los terrenos y tacharon el intercambio de "mal negocio" para el concello. Y es que ambos aseguraban que el ayuntamiento perdió un millón de euros en la operación, ya que la finca municipal "costaba mucho más de los 900.000 euros en que se calculaba" y la de As Cercas, "mucho menos de 300.000 euros", según sus cálculos.

El intercambio consistió en la cesión por parte del concello de la parcela del polígono 1, diez veces mayor que la otra y destinada a la construcción de viviendas de promoción pública y jardines, por la de As Cercas, de 1. 450 metros cuadrados y de uso comercial, además de 300.000 euros. El gobierno de entonces, liderado por el popular Carlos Silva, había comprometido ese dinero para la compra de Villa Brasil, pero la adquisición no llegó a efectuarse. El actual gobierno sospecha que la cantidad se encuentra integrada en la partida destinada a la piscina.

Los demandantes apuntan a un acuerdo amistoso con el propietario.

Los artífices de la polémica permuta podrían salir perjudicados tras la sentencia. La promotora podría perder los terrenos en los que construye un bloque de viviendas, mientras que el concello podría verse obligado a indemnizarlo por ello. Así, los demandantes -PSOE y BNG- consideran que "lo más razonable será llegar a un acuerdo amistoso con el propietario del edificio en construcción para compensarlo y al mismo tiempo aprovechar el inmueble para uso público". Por su parte, el gobierno municipal estudia la sentencia para tomar medidas.