Nova 286
Las empresas afectadas son conserveras, transformadoras, cocederos y depuradoras
Las dos piscifactorías de Stolt Sea Farm en Muxía y Ribeira son las primeras empresas gallegas invitadas a marcharse del suelo público marítimo-terrestre que disfrutan en régimen de concesión, pero no serán las últimas. Otras treinta sociedades implantadas en suelo gestionado por la Dirección General de Costas podrían correr la misma suerte si el Ministerio de Medio Ambiente continúa adelante con su plan de recuperación del terreno público a través de la no renovación de los contratos vencidos.
Fuentes de Anfaco (Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas) aseguran que estas treinta empresas resultarán afectadas a medio plazo, esto es, de aquí a diez años. Pero recuerdan que siete de cada diez plantas relacionadas con la extracción y la transformación de pescado están instaladas en dominio marítimo-terrestre de Medio Ambiente.
Previsiones de Anfaco
A corto plazo, Anfaco ha testado entre empresas asociadas a seis firmas, cuyas concesiones vencerán en el plazo de cinco años. Se trata de cocederos, depuradoras de marisco, conserveras y una planta de transformación de pescado que difícilmente podrán realizar su actividad alejadas del medio marino, según explica la propia patronal del sector.
Pero el Ministerio de Medio Ambiente es rígido en su posicionamiento de partida. Ni el hecho de que la firma afectada sea una piscifactoría parece ser motivo de excepción.
En un comunicado difundido ayer, el departamento que dirige Cristina Narbona aclaró que la granja de rodaballos de Stolt Sea Farm en Palmeira (Ribeira), cuya concesión venció en mayo del pasado año, «puede instalarse fuera del dominio público».
Respecto a la otra piscifactoría de Stolt Sea afectada, ubicada en Merexo (Muxía), el ministerio dice que «las instalaciones que ocupa en el dominio público marítimo terrestre, que consisten en balsas de acuicultura, pueden ubicarse en terrenos privados».
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño hizo ayer un llamamiento a la calma, ante la decisión adoptada por el Gobierno de rescatar la concesión del litoral que ocupan dos granjas marinas del grupo Stolt Sea Farm, «porque la decisión final se tomará por acuerdo entre las factorías y la Administración», dijo.
Touriño lanzo un mensaje a las empresas gallegas que pudieran verse afectadas por la aplicación de la normativa de Costas: «Debe reinar la tranquilidad absoluta», porque la empresa, dijo, junto con la Xunta y el Ministerio de Medio Ambiente, trabajarán conjuntamente para analizar la situación.
El responsable del Gobierno autónomo aclaró que históricamente sólo ha habido traslados de empresas por este motivo (Ley 22/1988) «de mutuo acuerdo». Se trata, dijo, de medidas «positivas» para recuperar el litoral. Touriño negó que exista un «rescate conminatorio», sino que se trata de una mera gestión política para ver si es posible, o no, una ubicación mejor desde el punto de vista ambiental.
El presidente gallego afirmó que en la Xunta están «plenamente comprometidos con la sensibilidad ambiental», pero también con los puestos de trabajo y la actividad económica, por lo que habrá que analizar las alternativas posibles en estos dos casos.
«No hay ninguna presión ni ninguna alarma ni ninguna amenaza», sino una política que «se llama diálogo, acuerdo y concertación», aseguró Touriño.
La Consellería de Pesca y la Dirección General de Costas se reunirán a finales de este mes en Madrid para evaluar la situación y actuar en consecuencia.
El problema es que de las más de 200 empresas que se encuentran instaladas en dominio marítimo terrestre, ni la Xunta ni el Gobierno de Rodríguez Zapatero conocen cuántas pueden verse afectadas por la ley y, en consecuencia, deberán abandonar su emplazamiento actual. «Vamos a ver de cuántas plantas estamos hablando, y vamos a analizar caso por caso», explicaban ayer fuentes de la consellería.
También el ministerio reconoció ayer que mantiene contactos de la Consellería de Pesca para adoptar en cada caso (en referencia a las dos plantas de Stolt Sea Farm) las medidas necesarias, y analizar la problemática en su conjunto.
Medio Ambiente explicó que no hay problema con que determinado tipo de instalaciones, como la toma de agua o las conducciones de vertido de las plantas de acuicultura utilicen el dominio público. Pero «no tiene justificación» que naves industriales, balsas de acuicultura u otras instalaciones de este tipo se ubiquen en dominio público, al ocupar de forma exclusiva un territorio «que es de todos», en lugar de colocarse más al interior, en terrenos privados. Dice el ministerio que la acuicultura debe potenciarse, pero dentro del marco legal y compatibilizando los intereses del sector con el general.
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