José Luis Meilán Gil ha coordinado Comentarios a la Ley de Ordenación Urbanística y Protección del medio rural de Galicia (Aranzadi), un tomo de 900 páginas en el que diversos especialistas colaboran para aportar una aproximación teórica, pero también práctica, de la realidad urbanística gallega y la ordenación del territorio. El núcleo central del volumen lo constituye el análisis de la norma aprobada en el 2002 y su reforma del 2004, así como medidas referidas a la protección del litoral o del paisaje.
-Recientemente el conselleiro de Medio Ambiente calificaba la ordenación del territorio en Galicia de «desastrosa». ¿Las leyes han sido insuficientes o ha fallado su aplicación?
-Las modificaciones que ha sufrido la ley es una muestra de que no se ha llegado a su objetivo primordial. La peculiaridad del caso gallego es la dispersión del asentamiento: la mitad de los núcleos de población de toda España están aquí, lo que ha dado lugar a una regulación específica, cuyo punto más notorio es el núcleo rural. De una preocupación por la vivienda en los años cincuenta, se ha pasado a una mayor sensibilización por el medio ambiente y la ordenación del territorio. Ahora mismo en Galicia hay una ley de ordenación del territorio, pero no se ha desarrollado. También existe una pugna importante entre la autonomía local, los municipios, y la competencia del urbanismo de las comunidades autónomas. Frente al comportamiento no satisfactorio, por decirlo de alguna forma, de muchos municipios, hay una tendencia a la centralización por parte de la Xunta.
-Muchos concellos carecen de plan de ordenación y eso complica más la situación.
-Los municipios pequeños no están en condiciones por sí mismos de hacer planes de ordenación urbana, que son, y este es uno de los problemas, demasiado perfectos técnicamente. Al final, cuando una norma es muy técnica, no se cumple, y eso es lo que ha ocurrido. Además, es una norma que lleva demasiado tiempo, y al final resulta que la Administración es la causante de que haya especulación, porque hay poco suelo para construir, ya que lleva mucho tiempo su aprobación. Este es uno de los defectos y por ello hay que aligerar la aprobación de los planes. Habría que simplificar más y ayudar. La Xunta no solo ha de tener control de cómo se está elaborando y ejecutando el urbanismo, sino ayudar, fomentar, para que se disponga de unas normas que se puedan cumplir. También habría que simplificar el tratamiento de los núcleos rurales. No se ha desarrollado la ordenación del territorio, no hay unas directrices, porque esto es lo que aseguraría una menor intervención por parte de la Xunta y también que los municipios tuviesen unas pautas de lo que hacer y, por tanto, limitando los litigios. Mientras esto no se haga es difícil exigirle a cada parte cuáles son sus responsabilidades.
-El litoral también plantea sus propios problemas.
-No se puede establecer, de una manera homogénea, un límite de 500 metros en todas partes. Eso es una medida defensiva, plausible en un momento determinado, pero no es una solución y hay que estudiar luego las cosas.
-¿Las modificaciones son producto de una falta de consenso sobre el territorio? ¿Se ha hecho un uso electoral del urbanismo?
-La estructura fundamental es muy similar en cualquier comunidad. Lo que puede variar es alguna connotación, algún matiz ideológico, la pugna propietario-empresario... en Galicia es el tema de los núcleos rurales. El matiz electoralista se puede ver en la flexibilidad que se proponga para la aplicación de las normas, sobre todo en los municipios pequeños. Yo, que soy muy partidario de la autonomía local, si se entiende la flexibilización más allá de lo que es razonable, creo que eso tiene un matiz electoral.
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