La ex conselleira de Pesca Carmen Gallego Calvar ha perdido indirectamente un importante asalto de la batalla judicial emprendida por el colectivo ecologista Salvemos Pontevedra contra la Consellería de Política Territorial.
Esta asociación, que preside Francisco Díaz, denunció una infracción cometida por la parlamentaria socialista al levantar su vivienda en zona de protección del dominio público marítimo terrestre en Riomaior, en el ayuntamiento pontevedrés de Vilaboa, al borde de la ría de Vigo. Acudió a los tribunales ante el silencio administrativo de la Xunta.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordena ahora a la Administración -en una sentencia recurrible ante el Supremo- a «proceder a la demolición de lo construido ilegalmente». El alto tribunal gallego señala en el sexto fundamento de derecho que la finca en la que se levantó la casa y la piscina de la ex conselleira de Pesca y de su marido «está clasificada en las Normas Subsidiarias de Vilaboa como suelo no urbanizable de núcleos rurales tradicionales». Asimismo, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo subraya que tampoco se acreditó que «el terreno contase a la entrada en vigor de la Ley de Costas con los servicios exigidos en el artículo 78 de la Ley de Suelo de 1976», y señala que el aparejador municipal reconoce que la red de saneamiento local quedaba a unos cincuenta metros de la parcela, y la consolidación por la edificación ni siquiera se alega. «Por ello, no siendo discutido que la edificación litigiosa está a menos de 100 metros del límite interior de la ribera del mar», considera que las pretensiones argumentadas por el esposo de la ex conselleira «no pueden ser acogidas».
Cabe señalar que el TSXG ha unido en esta sentencia los respectivos recursos interpuestos por Salvemos Pontevedra y por el propio marido de Carmen Gallego contra la desestimación presunta de la solicitud de resolución de un recurso de alzada y la desestimación presunta de dicho recurso de alzada contra una resolución dictada en junio del año 2000.
Salvemos Pontevedra pedía en su recurso la reposición del terreno a su primitivo estado y que se procediese de inmediato a su ejecución. En una carta enviada al entonces presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, y al vicepresidente Anxo Quintana, Francisco Díaz alertaba de que la propia Gallego -como titular de Pesca- no podría ser quien decidiera sobre el expediente incoado por una supuesta infracción urbanística de su domicilio. Finalmente, fue Política Territorial la que se hizo cargo de las competencias del Servizo de Costas una vez transferidas, pero no resolvió si se archivaba o no el expediente abierto a raíz de una denuncia que data del 2004 o si se demolía o no la vivienda.
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