La cofradía de pescadores de Cangas pretende que el Tribunal Supremo anule la concesión otorgada por la Autoridad Portuaria de Vigo a la empresa Residencial Marina Atlántica en el año 2005 para construir un puerto deportivo de 420 plazas frente a la antigua ballenera de Massó, una obra a la que se oponen los marineros, que tienen permiso para pescar en esa zona, el gobierno cangués y distintos colectivos vecinales y ecologistas.
La cofradía había recibido un revés en sus pretensiones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que el pasado mes de septiembre falló a favor de la promotora y del Puerto de Vigo, negándole, además, la posibilidad de recurrir al rebajar la cuantía de la causa.
El pósito pidió explicaciones al juez, quien permitió finalmente la presentación del recurso de casación.
La cofradía pretende desmontar todos los argumentos empleados en la sentencia por el magistrado del TSXG, que considera «imprecisos, oscuros y contradictorios».
Entiende que antes de otorgar la concesión había que expropiarle a los marineros la autorización marisquera que detentan en exclusiva.
El magistrado consideró que no se trata de una privación «singular» de los derechos pesqueros, sino de una mera «limitación de sus capturas». La cofradía, sin embargo, afirma que tal limitación es una consecuencia de una «previa y violenta eliminación, supresión o requisa» de un ámbito adjudicado a la entidad por la Consellería de Pesca.
La cofradía también quiere que el Supremo se defina sobre otro de los argumentos del Tribunal Superior de Galicia, el que indica que el proyecto precisa licencia urbanística y da por hecho que cuenta, efectivamente, con tal licencia, que nunca llegó a otorgarse. Pretende, asimismo, que el Tribunal aclare si debe estar aprobado un plan de usos portuarios previamente a la ejecución del proyecto.
La cofradía tiene un segundo frente abierto contra el proyecto del puerto deportivo, dirigido contra el Concello cangués y, en particular, contra la alcaldesa.
El pósito presentó una denuncia en el juzgado contencioso de Pontevedra contra la promotora y la empresa constructora del puerto por realizar obras sin licencia municipal, y contra el Concello por permitirlo.
La jueza requirió al Ayuntamiento que le remita el expediente, incluyendo las notificaciones de reposición de la legalidad urbanística. El Concello queda emplazado, además, a comunicar a las partes (el Puerto y la empresa) su derecho a comparecer para defender sus intereses.
La cofradía, al igual que el Foro Social y uno de los grupos que componen el gobierno tripartito cangués, ACE, estiman que la promotora tiene obligación de pedir licencia al Concello.
La alcaldesa descarta hacerlo basándose en un informe de la secretaria municipal del año pasado que dice que no tiene competencias.
Las obras, en cualquier caso, están paralizadas desde agosto, tras prohibir el Concello el acceso de vehículos pesados por todas las posibles vías de entrada al puerto de Massó.
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