Si por la tarde, el patrón mayor se mostraba de acuerdo en la vía de diálogo que propuso la conselleira de Mar, por la mañana presentó ante la Fiscalía de Especial de Medio Ambiente de la Audiencia de Pontevedra un escrito de denuncia contra la alcaldesa de Cangas, Clara Millán; el administrador solidario de Residencial Marina Atlántica y el adiministrador o administradores de Puentes y Calzadas, como empresa contratista, por si hubieran incurrido en un presunto delito de prevaricación contra la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente.
En la denuncia señala que en mayo se iniciaron actuaciones "sorpresivas, incontroladas y sin cobertura de autorización o licencia municipal por la empresa promotora y constructora consistentes en movimientos de tierra, alteraciones de la orografía, acopio de material para la construcción de una rampa de bajada hacia el mar en la playa de Salgueirón y al relleno de zonas aledañas, así como la reconstrucción y ampliación de la actual escollera de la factoría Massó, en servidumbre de protección portuaria".
Alude a que las obras se hacen con una concesión de la Autoridad Portuaria de Vigo de febrero de 2005, que en junio aprobó el proyecto y que en la tramitación de autorizaciones detectan "incertidumbre de datos" sobre el relleno total. Alerta de los daños del proyecto sobre la superficie intermareal "en el que se encuentra un criadero de nécoras, camarones, ostras y peces". Respecto a la implicación del Concello, señala que las obras no cuentan con ningún tipo de licencia municipal y que donde se ubica el puerto está regulado como sistema general portuario, pendiente de desarrollo de un plan especial, que el puerto de Vigo todavía está tramitando.
Mientras tanto, sigue sin resolverse el contencioso que hace varios años presentó la Cofradía contra las obras. Sí que se falló a favor de Marina Atlántica y contra la cofradía que pedía la paralización cautelar de las obras.
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