Técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras proceden actualmente a revisar los planes hidráulicos del anterior Gobierno con un objetivo claro: chequear por tramos los cauces de los ríos gallegos de competencia autonómica para proceder a adjudicar nuevas minicentrales. La Xunta levanta así el veto que estableció el bipartito a las hidroeléctricas en 2005, nada más acceder a San Caetano. "Estamos de acuerdo con el planteamiento del anterior Ejecutivo en cuanto al estado de los recursos hidráulicos; partimos de la base de que existe saturación", señalan en Medio Ambiente. A pesar de ello, fuentes de la consellería que dirige Agustín Hernández advierten de que a partir de ahora "se podrán autorizar algunas concesiones en saltos puntuales y por tramos concretos, precisamente en función de esa saturación".
A la nueva Xunta le han bastado dos meses para valorar la estrategia a seguir tras la moratoria y la paralización de construcción de minicentrales acordada por el bipartito, que afectó a una treintena de instalaciones ya autorizadas, aunque esa revisión y las nuevas concesiones, dicen desde el citado departamento, "se llevarán a cabo atendiendo a criterios restrictivos".
El bipartito, con el socialista Manuel Vázquez al frente de Medio Ambiente, había ordenado en octubre de 2005 a sus servicios jurídicos que revisasen uno a uno todos los proyectos de minicentrales, especialmente los autorizados en el último tramo del mandato de Manuel Fraga. Vázquez anunció ante el Parlamento la suspensión de la concesión de 24 minicentrales y la aplicación de una moratoria para otras 13 ya autorizadas aunque en ese momento estaban pendientes de algún trámite.
El negocio de las minicentrales no es nuevo para Agustín Hernández. Su conocimiento del sector proviene de su etapa como presidente de Augas de Galicia. En total fueron aprobadas 36 concesiones hidroeléctricas en un período de tres años sin haber desarrollado el pertinente estudio de planificación ambiental previo, para definir el grado de saturación que los nuevos aprovechamientos generarían. Ése es parte del balance del paso del actual conselleiro de Medio Ambiente por dicho organismo, que se saldó con una explícita desaprobación de su gestión por parte del Consello de Contas. Hernández, presidente de Augas de Galicia entre septiembre de 1998 y febrero de 2002, adjudicó a una veintena de empresas esos 36 aprovechamientos hidroeléctricos tras haber sido levantada por la Xunta la suspensión del veto para nuevas concesiones, que había estado vigente desde 1994.
En su informe de fiscalización de 2000, que extiende también a otros ejercicios, Contas apela, entre otras normativas, a directivas comunitarias para censurar la escasa sensibilidad ambiental de Augas de Galicia y advierte de que "el sistema de otorgamiento de concesiones de las minicentrales hidroeléctricas -realizado caso a caso- no permite disponer de una visión del impacto global, necesaria para evitar los efectos ambientales negativos".
La evaluación estratégica de efectos ambientales, dice Contas, debe tener "como finalidad la consideración del impacto ambiental que puede provocar una decisión de carácter directivo (política, plan o programa, y sus alternativas) y que se debe tener en cuenta en el momento de adoptar la decisión planificadora".
El organismo fiscalizador también echaba en falta "un estudio global acerca del impacto ambiental producido por todos los aprovechamientos existentes, con la finalidad de evitar la degradación del entorno y que sirva de referencia al órgano ambiental competente de la Xunta para pronunciarse sobre la viabilidad o inviabilidad ambiental de los proyectos de aprovechamientos hidráulicos" impulsados en ese momento por Hernández. Ni siquiera, advierte el informe, había un censo de minicentrales más o menos fiable en esos momentos.
Grandes compañías, como Unión Fenosa, Ferroatlántica o la gallega Norvento se encuentran a la espera de que la Xunta dé luz verde a las nuevas autorizaciones o revise las que estaban pendientes para instalar minicentrales y así desatascar sus proyectos. Estas empresas, junto a otras firmas pequeñas, e incluso ayuntamientos, como Valdoviño, tienen paralizados o retrasados sus expedientes para llevar a cabo saltos en una veintena de ríos.
En total, a febrero de este año, y según datos de los anteriores responsables de Medio Ambiente bajo la Xunta bipartita, esa treintena larga de aprovechamientos hidroeléctricos otorgados que todavía no se encontraban en explotación sumaban un total de casi 135.000 kilovatios de potencia, lo que les otorga una capacidad de producción de prácticamente 290 gigavatios por hora al año. De salir adelante las autorizaciones con la nueva política de la consellería de Hernández, ríos como el Vergudo, Umia, Xallas, Tambre, Landro, Lérez y Mero contarán con nuevas minicentrales, ya que son algunos de los emplazamientos propuestos por las empresas.
Unión Fenosa propuso la instalación de cinco saltos, a repartir entre las cuencas del Lérez, Vilacoba y Tambre. En algunos casos, como éste último, se trataba de ampliaciones de las centrales que ya explota. Pero si uno de los proyectos más polémicos y a la vez ambiciosos se encuentra entre los pendientes, ése pertenece a Ferroatlántica, la compañía del ex ministro Juan Miguel Villar Mir. Actualmente, con un ERE pendiente sobre sus trabajadores de las fábricas de Cee y Dumbría, la empresa está a la espera de ampliar hasta tres saltos en el Xallas, que corresponden a nuevos grupos de las presas de Fervenza, Novo Castrelo y Ponte Olveira.
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