El ‘Diario Oficial de Galicia’ publicó el texto de un proyecto industrial que ya no existe. Se trata del plan pergeñado entre Ence y el último Gobierno de Manuel Fraga en 2003 para consolidar el complejo en su ubicación en la Ría de Pontevedra con una fábrica para producir papel tisú, además de la tradicional pasta de celulosa. Aquel documento fantasma, un proyecto de incidencia supramunicipal que sirvió de aval a una obra ya desechada, ha servido sistemáticamente a la Xunta para rechazar los informes municipales contrarios a la planta con el argumento de que desbordaba la competencia local. Nueve años después el Gobierno se ha ceñido, para tratar de renovar su validez, a una interpretación particular de una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mayo que anulaba precisamente ese plan.
La resolución dice cumplir el fallo de aquella sentencia, surgida tras un recurso de la Asociación pola Defensa da Ría. Recoge uno de los defectos apreciados por el Supremo en el documento: de entrada ni siquiera se había publicado en su día, de modo que no tendría validez mientras no se hiciese. Del otro argumento, el sustancial, que declaraba que no había motivos para retirar al Ayuntamiento el control urbanístico de un proyecto empresarial privado sin utilidad pública evidente, no hace mención. La Xunta juega con que la sentencia distingue entre la planta de tratamiento de vertidos, una instalación de servicio público que sí se avala, y la fábrica de papel, que se cuestiona.
El Gobierno autónomo no alude a una segunda sentencia del Supremo, dictada casi al mismo tiempo que la anterior, que daba la vuelta a una previa del Tribunal Superior de Xustiza y le mandaba repetir el trabajo. Esta última resolución, instada por el Ayuntamiento, se emitió en noviembre y vuelve sobre los razonamientos de la anterior, pero además añade que en el plan en cuestión se habían omitido los informes de Costas, Ferrocarriles, Carreteras, mercancías peligrosas y Patrimonio Histórico, según probaban los peritajes judiciales. De seguirse la lógica empleada por la Xunta, se tendrían que emitir ahora.
El texto se publica tal cual se redactó en 2003, salvo porque se hace de forma incompleta (solo se publican las normas de ejecución, no todo el proyecto). La normativa en que se basa, entre la que se cita la ley del suelo, ha cambiado varias veces desde entonces. En el Ayuntamiento, el concejal Cesáreo Mosquera declaró que este proceder obedece a una decisión política de “consolidar la catalogación del suelo como industrial”. También anunció que pedirán que se ejecute la sentencia inicial para anular definitivamente el plan. La Xunta, por su parte, alega que son sus servicios jurídicos los que entendieron que la publicación convierte el plan en “eficaz”, dice que esto no supone “inmediatamente” la consolidación de Ence en la Ría, cuya concesión caduca en 2018, y acusa al Ayuntamiento de escudarse en la cuestión para no seguir adelante con la redacción de su plan de ordenación, bloqueado en parte por la negativa municipal a catalogar como industrial el suelo de Ence.
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