La paralización del concurso eólico impulsado por el bipartito fue una de las grandes promesas electorales que abrieron el camino al PPdeG para recuperar las riendas de la Xunta. Y fue también una de las decisiones de calado con las que arrancó el Ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijóo tras la victoria. El ya por entonces nombrado conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, se agarraba a la supuesta vulneración de la Constitución, dos leyes nacionales y una comunitaria para anunciar el fin del proceso hace justo tres años, en agosto de 2009. Pero, según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el proceso estuvo muy lejos de ser el correcto. Hasta el punto de que constata una clara "desviación de poder" en la actitud del actual Gobierno gallego y acaba de anular la resolución con la que se bloqueó el no menos discutido reparto de la anterior legislatura.
Aunque son varias las beneficiarias de la puja anterior por el negocio del viento en Galicia que recurrieron la decisión y que el TSXG inicialmente tenía previsto sacar un fallo conjunto, esta primera sentencia responde a la demanda presentada por Aucosa Eólica, el grupo liderado por varias conserveras y el empresario vigués Julio Bernárdez Piñeiro, a la cabeza de las adjudicatarias, con 216 megavatios (MW). Sus argumentos nacen, en primer lugar, de la posible falta de competencias en el conselleiro de Industria para dar un paso así, y las dudas de que realmente el freno al concurso tuviera que salir del Parlamento, como encargado de aprobar la ley para regular el sector que tumbó definitivamente el reparto, o del Consello de la Xunta, encargado de respaldar formalmente los procedimientos administrativos. En este caso, el TSXG considera "errónea" la alegación de Aucosa.
Límites legales
La razón llega en la cuestión de fondo, en que se "exceden" los límites legales que impiden adoptar medidas provisionales -así se presentó la paralización de la subasta de los 2.300 MW- que supongan "vulneración de derechos de terceros amparados por las leyes o que supongan perjuicios de imposible o difícil reparación". La sentencia recuerda que la suspensión cautelar de un proceso exige la existencia "de elementos de juicio suficientes" para aplicarla, "un juicio ponderativo" sobre los perjuicios "de difícil o imposible reparación o que impliquen violación de derechos amparados por la leyes", además de "un segundo juicio ponderativo" para intentar equilibrar la eficacia de la resolución o los perjuicio irreparables.
El TSXG concluye que las explicaciones de Industria de que el concurso se paraliza ante las incompatibilidades futuras con el anteproyecto de aprovechamiento de la eólica gallega que iba a tramitarse "obedece más bien a razones de política legislativa que a razones de asegurar la eficacia de una resolución". En otras palabras, que la medida de suspensión no fue un elemento de juicio "proporcionado, suficiente o adecuado".
Con la inexistencia en el momento de la suspensión de ningún cambio legal, es decir, ante la ausencia de situaciones incompatibles reales, se da por hecho que "carecía de fundamento" la decisión "suspensoria". El fallo resalta además que la ley se dictó en diciembre, "poco más de cuatro meses" desde la paralización del concurso del bipartito, "por lo que ni siquiera se había terminado el proceso suspendido" y quedaban "todas las fases aún pendientes". "La medida provisional -insiste- no se ha adoptado luego para asegura la eficacia de la resolución que en él pudiera recaer". Lo que legalmente implica "una desviación de poder".
Por todo esto, el TSXG opta por estimar "con carácter subsidiario" el recurso de Aucosa y declara la anulación del concurso "por ser contrario a derecho". "Un impresionante revés a la decisión", defiende Anova-Irmandade Nacionalista -una de las escisiones del BNG, liderada por Xosé Manuel Beiras-, que ayer anunció el fallo del TSXG. "Ahora se demuestra ilegal y carente de fundamento", añaden en la formación, que considera la sentencia como "una constatación más de la traición de la brigada de demolición del PP a Galicia" y piden "el cese o la dimisión" de Guerra, al igual que Compromiso por Galicia, otra de las facciones nacionalistas.
"Sin efectos"
A efectos prácticos, con la ley del sector eólico que el PPdeG sacó a finales de ese año, la suspensión quedó ya superada. Eso es precisamente lo que Economía e Industria desgranaba tras conocerse el planteamiento del TSXG. "Por lo tanto €señala en la Consellería€, esta sentencia afecta a una resolución de suspensión que se aprobó de manera transitoria, mientras se tramitaba la nueva normativa eólica, elaborada para dar seguridad jurídica al sector". En ningún momento en el departamento que dirige Javier Guerra se justificaba ayer que el procedimiento anulado ahora fue el correcto. "Se trata de una sentencia €inciden€ que no tienen ningún efecto práctico sobre el concurso actual, que continúa con total normalidad". Aún así, los servicios jurídicos de la Xunta estudian la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Supremo.
¿Y a efectos de reclamaciones? "Puede suponer petición de daños y perjuicios", apunta Ulises Bértolo, abogado de Aucosa. Una idea que comparten otros promotores. De hecho, justo después de la paralización, la patronal eólica gallega, EGA, subrayaba en sus alegaciones contra la nueva ordenación jurídica prevista y contra la propia suspensión que el procedimiento era "inadecuado". "Tendría que haberse revocado el decreto 242/2007, al amparo del cual se convocó el concurso -explicaba en 2009-. No procede suspender el concurso por el mero hecho de que se prepare otra normativa". "Es evidente el refuerzo de las solicitudes de indemnizaciones", apuntan en el sector, donde recuerdan que en los más de cuatro meses que pasaron entre la suspensión y la promulgación de la ley se podían haber concedido autorizaciones administrativas a los parques. "Lo que también está claro -coinciden en varias empresas- es que es un varapalo a la política del PPdeG con el sector".
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