Los recortes del Gobierno y la envergadura de la crisis en España han encendido todas las alarmas en Naciones Unidas. El último informe del Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales (CDESC) de la ONU critica sin ambages los ajustes aprobados que, denuncia, «perjudican de forma desproporcionada» a los más desfavorecidos. El estudio es anterior al último paquete de recortes aprobado por Rajoy.
El comité asegura estar «preocupado» por la «reducción de los niveles de protección» provocada por «las medidas de austeridad». Recortes que están «perjudicando de forma desproporcionada» a «los grupos desfavorecidos y marginados», entre los que cita a mujeres, niños, personas con discapacidad, «los adultos y los jóvenes desempleados», las personas mayores, los gitanos, los inmigrantes y los solicitantes de asilo.
Según el estudio, se está produciendo un incremento «considerable» del índice de personas en riesgo de pobreza, hasta el punto de que el 21,8 % de la población vive ya por debajo de ese umbral. Y uno de cada cuatro menores de edad pertenecen a ese grupo.
Alarmas encendidas
La ONU muestra especial inquietud por los altos niveles de paro, que se está cebando, señala, de nuevo, en los sectores más débiles. El comité, ante esta perspectiva, hace un llamamiento al Gobierno para que «evite cualquier retroceso» en la «protección de los derechos laborales de los trabajadores».
Alarmas encendidas también por el deterioro de las condiciones de los que sí tienen trabajo. Señala la ONU que el salario mínimo interprofesional tiene «un valor que no permite un nivel de vida digno». La institución, en ese punto, reclama con urgencia que se «ajuste periódicamente al costo de la vida» ese sueldo, así como las pensiones.
Los tijeretazos en educación, investigación y sanidad son criticados con dureza. El informe constata que el recorte de derechos de acceso de los inmigrantes en situación irregular a los servicios públicos de salud va contra las convenciones internacionales firmadas por España.
Un Comité de la ONU expresó hoy su preocupación por la reducción de los niveles de protección de los derechos económicos, sociales y culturales en España, a raíz de la adopción de medidas de austeridad para hacer frente a la crisis.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) publicó sus observaciones finales sobre la situación en España en el periodo 2004-2009, aunque el documento recoge recomendaciones e inquietudes relacionadas con las recientes políticas anticrisis.
El DESC recomienda al Gobierno español revisar las reformas adoptadas para garantizar que la austeridad no socave derechos consolidados y que sea una política temporal, y expresa su preocupación por el «desproporcionado» impacto que tiene sobre los individuos y los colectivos desfavorecidos y marginados.
Estos individuos y colectivos son, para este comité de la ONU, «los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados, las personas mayores, los gitanos, los inmigrantes, y los solicitantes de asilo».
El DESC cifró en un 21,8 % el porcentaje de la población española que vive por debajo del umbral de la pobreza, y advirtió de que «en el contexto de la crisis económica y financiera, se ha incrementado considerablemente el índice de personas en riesgo de pobreza».
Las observaciones finales hacen alusión asimismo al desahucio en España de miles de personas por impago de sus hipotecas a otro fenómeno producto de la crisis económica que comenzó en 2008. Recomienda en este sentido al Estado español impulsar una reforma legislativa que «faculte la dación de la vivienda en pago de la deuda hipotecaria, de modo que esta opción no dependa únicamente de la discrecionalidad de las entidades bancarias».
Para el Comité es preocupante «que se sigan realizando desalojos forzosos sin las debidas garantías legales, sin que las personas afectadas sean consultadas previamente, y sin que se les ofrezca una alternativa de alojamiento o compensación».
Sobre las pensiones, el DESC constata que en muchos casos son inferiores al nivel mínimo de subsistencia, sobre todo en el caso de las mujeres que reciben pensiones de viudedad más bajas. Preocupación muestra igualmente por las dificultades de las mujeres, en función de su lugar de residencia, para acceder al aborto de conformidad con la ley, y por «los impedimentos burocráticos y temporales que obligan a muchas mujeres a acudir a clínicas privadas».
En lo referente a los derechos de las mujeres, el DESC expresa también su inquietud por «la persistencia de altos niveles de violencia doméstica y otras formas de violencia de género, a pesar de los esfuerzos del Estado para prevenirla».
Inquietan especialmente a este Comité «los recortes presupuestarios que han afectado a los procesos de apoyo y acompañamiento a las víctimas en algunas comunidades autónomas».
Por último, el DESC denuncia «la persistencia de actitudes hostiles e intolerantes» hacia inmigrantes y gitanos -«inclusive por parte de los agentes de la fuerza pública»- y lamenta las modificaciones de la Ley de Extranjería que «recortan los derechos» a la sanidad pública de los inmigrantes en situación.
En su exposición ante el DESC hace dos semanas, el Gobierno español expresó su compromiso con el Estado del bienestar y defendió que los recortes presupuestarios no recortan derechos adquiridos, sino que buscan racionalizar los recursos del país.
Isaac Salama, jefe del Área Constitucional del ministerio de Justicia, defendió con cifras las iniciativas del Gobierno, señalando que en la actualidad España dedica el 64 % de su presupuesto, excluyendo la financiación autonómica, a la protección social, un aumento con respecto a presupuestos anteriores.
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