"O Porto de Vigo móvese por obxectivos espurios, no económico e no político. Existe un gravísimo problema de opacidade na xestión e na planificación. O historial da Autoridade Portuaria pode considerarse unha catástrofe ambiental e social. A presente proposta de DEUP [Delimitación de Espacios e Usos Portuarios] resulta un instrumento ineficaz para a unha planificación racional no económico, no técnico e no ambiental dos usos do porto. A proposta mantén un cúmulo de ilegalidades (conculca a lei de portos e a lei de AAE; pretendidos efectos de independencia do porto en materia urbanística e Plan Especial de Vigo); e contradicións normativas con outras administracións. Os efectos ambientais previsibles poden considerarse gravísimos".
Es el alegato final del Foro Social de Cangas en su escrito de oposición al plan de usos del puerto de Vigo, que, según denuncia, tendrá graves consecuencias medioambientales, por lo que considera necesario "unha nova planificación integral" y exige "racionalidade, transparencia e legalidade económica, social e ambiental", [...] "restituír a legalidade conculcada e depurar as responsabilidades inherentes". En consecuencia, el Foro solicita "a restitución do estado orixinal dos espazos ocupados e construídos ilegalmente" y la adopción de medidas urgentes. como un plan de gestión integral "realizado de xeito participativo", decretar una moratoria inmediata de los rellenos en ejecución y previstos, y proceder a la desafectación inmediata de los espacios "que o precisen por razóns legais, ou de protección ambiental e dos recursos".
El Foro alude a la afectación de los arenales, a la alteración y eutrofización de las aguas, a la "agresión" de espacios protegidos, al impacto estético y urbanístico, a la pérdida de la biodiversidad y a la acumulación de materia orgánica persistente, entre otros efectos que ya se constatan desde hace décadas.
Considera que la ausencia de un informe de evaluación ambiental estratégica es motivo suficiente para declarar la nulidad del plan de usos, entre cuyas carencias cita que no dispone de planes estratégico y director de infraestructuras, así como "graves errores" en la diagnosis económica. También detecta "omisiones interesadas", como una valoración del impacto económico del puerto sobre la pesca, el marisqueo y la acuicultura (alude a la desaparición de al menos seis importantes bancos en los últimos 30 años de obras portuarias, entre ellos A Baliela, en Domaio, ahora ocupado por Fandicosta), y considera insuficientes las desafectaciones previstas. Exige excluir todas las zonas de agua donde existan autorizaciones marisqueras vigentes y de fondeo tradicional, así como la reposición del estado original de los espacios afectados por "obras ilegais". Argumenta que la ría genera más de 10.000 puestos y unos 40.000 indirectos vinculados a la actividad pesquera.
Abunda en que cada vez que se hace un relleno, que se utiliza la lámina de agua para hacer un puerto deportivo, que se mueven los lodos, que se levanta un dique o se modifica la hidrodinámica, "atácase directamente" a la riqueza ambiental y la biodiversidad de la ría y a una de las principales actividades económicas de la zona.
El Foro Social de Cangas no pasa por alto sus críticas en torno al puerto deportivo de Massó, paralizado por la movilización social: "Dentro do historial de opacidade e manipulación interesada da xestión do dominio público portuario é significativa e representativa a actuación da Autoridade Portuaria de Vigo no proxecto de porto deportivo do Salgueirón, erixíndose como defensora das pretensións da empresa concesionaria e defendendo a ultranza os seus irregulares e ilegais métodos", recalca en su escrito de alegaciones.
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