Las eléctricas no solo tienen en los 147 aprovechamientos autorizados en los sobreexplotados ríos gallegos un lucrativo presente. Los abultados plazos concesionales, que en muchos casos proceden del máximo de 75 años que marcó la Ley de Aguas de 1985, blindan esos negocios y hacen prácticamente inviable el rescate administrativo. De esas 147 centrales operativas en las cuencas Galicia Costa y Miño-Sil, 61 disponen de concesiones que expiran más allá del 2050. En 44 aprovechamientos, la autorización excede del 2060. Por contra, solo 14 tienen contratos que finalizarán a lo largo de la presente década.
El panorama es similar en las 74 hidroeléctricas implantadas en los ríos que gestiona la Xunta y en las 73 de cauces que competen al Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. En el primer caso, que son los aprovechamientos de la cuenca Galicia Costa, 21 concesiones finalizan entre el 2020 y el 2040; 18, en el período 2040-2050; 5, entre el 2050 y el 2060; y 22 se prolongan más allá del 2060. En ese grupo de centrales que tienen asegurada su continuidad al menos por otros 50 años figuran, entre otras, la presa de Santa Uxía, con una concesión hasta el 2061 de la que son titulares Ferroatlántica y Caixa Galicia. Esa central, construida en el Xallas en 1986, es la de mayor potencia de la cuenca autonómica, con 98.144 kilovatios. También expira en el 2061 el contrato de la segunda presa de esa cuenca (76.000 kilovatios), que es la de Portodemouros, que Gas Natural explota en el Ulla. La concesión de Endesa en el embalse del Eume caduca en el 2059.
Santo Estevo, hasta el 2064
Entre las que gestiona la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, destaca el caso de la central de Santo Estevo (Sil), la mayor de Galicia con 899.916 kilovatios. Iberdrola tiene autorización hasta el 2064. En el Miño, Gas Natural Fenosa tiene el control de la presa de Belesar (225.000 kilovatios) hasta el 2063. La misma empresa ostenta hasta el 2072 la concesión de la central de Alvarellos (59.200 kilovatios), en el río Avia.
Tanto el Gobierno de Feijoo como el Ministerio de Medio Ambiente se han comprometido a no autorizar nuevos aprovechamientos hasta que estén listos los planes hidrológicos de cada cuenca. De esa planificación depende la resolución de las solicitudes para abrir 106 minicentrales más y autorizar 22 repotenciaciones de otras ya existentes.
La Xunta ya anticipó que denegará 64 expedientes que el Gobierno de Fraga autorizó cuando estaba en funciones, en julio del 2005, y que paralizó el bipartito. Pero todavía busca un encaje jurídico para extender el mismo criterio a otras 33 concesiones en suspenso que figuran en el borrador del Plan Hidrolóxico. Del Ministerio de Medio Ambiente depende la denegación de 35 solicitudes de minicentrales en la cuenca Miño-Sil.
A falta de que el Gobierno de Feijoo ejecute ese discurso proteccionista con unos ríos en los que constata «un alto nivel de aproveitamentos», la reciente caducidad de una concesión le brinda la oportunidad de pasar a la acción. Se trata del aprovechamiento de Fervenzas, en el río Vexo, del que es titular la empresa Eufer, S.?A., y que expiró el 9 de diciembre pasado. La concesionaria ha solicitado una prórroga que la Xunta asegura que está estudiando, después de requerir la documentación necesaria. El año que viene, tendrá que pronunciarse sobre la continuidad del contrato de Gas Natural para explotar la central de Güimil, en el río Lambre, que finaliza en abril del 2012.
Rebaja de la producción
Una de las opciones que baraja la Consellería de Medio Ambiente de cara al nuevo Plan Hidrolóxico es supeditar la autorización de repotenciaciones de centrales en servicio a rebajas del plazo concesional. En todo caso, la imposición de caudales ecológicos en los ríos abocará a la consellería a negociar con las eléctricas, ya que muchos aprovechamientos tendrán que reducir su producción de energía. Aunque la Xunta sostiene que será escrupulosa en la aplicación y la exigencia de cumplimiento de esos caudales ecológicos en las cuencas fluviales, apuesta por la concertación con unas empresas que tienen la garantía de unas concesiones que le aseguran la pervivencia del negocio durante varias décadas.
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